El espíritu del Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, es adoptar medidas urgentes y contundentes para amortiguar el impacto causado por los estragos de la crisis provocada por COVID-19, respecto de las personas en situación de vulnerabilidad y el derecho fundamental a una vivienda.

A continuación damos respuesta a algunas de las preguntas que pueden surgir sobre las recién adoptadas medidas para favorecer a las personas en situación de vulnerabilidad:

¿A quién van dirigidas estas medidas?

Como inquilino o arrendatario, a familias y colectivos vulnerables, o lo que es lo mismo, a personas físicas en situación de vulneración económica. No aplicará por tanto a empresas o asimilados (asociaciones, etc.)

¿A quiénes afectarán?

Como arrendadores afectará a los grandes tenedores, es decir, a aquellos propietarios de más de 10 inmuebles, excluyendo trasteros y garajes, o de una superficie construida de más de 1.500m2.

 ¿Qué se entiende por situación de vulnerabilidad económica?

Para decir que una persona se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, debe cumplir los siguientes requisitos:

  1. Estar en situación de desempleo o haber sufrido un ERTE por fuerza mayor total o parcial de reducción de jornada.
  2. En el caso de empresarios, aquellos que hayan tenido una pérdida sustancial de ingresos.
  3. Que el conjunto de la unidad familiar no alcance 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
  4. Que la renta del alquiler, con los gastos y suministros, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que se perciba en el conjunto de la unidad familiar.

Si el arrendatario o unidad familiar, tiene una propiedad o usufructo de alguna vivienda España (salvo casos en que la no disposición de dicha vivienda habitual venga motivado por razones de divorcio o separación) no podrá acogerse a esta situación de vulnerabilidad.

¿Cómo acreditar la situación de vulnerabilidad?

En la medida de lo posible y como máximo un mes después de la finalización del Estado de Alarma, la persona o inquilino solicitante deberá aportar:

  • Certificado de desempleo donde figure las cuantías percibidas por subsidios o prestaciones, o certificado de cese de actividad en caso de ser trabajador por cuenta propia emitido por el organismo correspondiente.
  • Certificado de empadronamiento retroactivo (6 meses anteriores) y, Libro de Familia en su caso.
  • Declaración de discapacidad, dependencia o de incapacidad.
  • Justificante de titularidad de bienes inmuebles.
  • Declaración responsable del deudor afirmando cumplir los requisitos necesarios.

¿A qué medidas me puedo acoger si estoy en situación de vulnerabilidad económica?

A continuación, procedemos a enumerar las diferentes medidas a las que podrán acogerse las personas en situación de vulnerabilidad económica:

Suspensión de desahucios y lanzamientos

Finalizado el Estado de Alarma, a los arrendatarios u ocupantes que acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos del COVID-19, con imposibilidad de encontrar alternativa habitacional, se les suspenderá los lanzamientos señalados o pendientes de señalar por un periodo máximo de 6 meses.

De igual modo los arrendadores podrán acreditar ante el Juzgado encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida, lo que será considerado a la hora de fijar el plazo de suspensión y las medidas de protección social a adoptar.

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual

En los contratos de arrendamientos de vivienda habitual que, entre el 1 de abril y dos meses desde la finalización del estado de alarma, finalicen el periodo de prórroga de los art. 9.1 y 10.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), podrán solicitar una prórroga excepcional de su contrato por un plazo máximo de 6 meses. Esta solicitud deberá ser aceptada por el arrendador.

Moratoria en el pago de la renta o alquiler en caso de no estar pactado

Si el arrendador de tu vivienda habitual es un gran tenedor, una empresa privada o un ente público de vivienda, el inquilino podrá solicitar, en el plazo de un mes a contar desde el 1 de abril, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

En este caso, el arrendador deberá optar por:

Reducción de la renta en un 50% durante estado de alarma y por un plazo máximo de 4 meses.

Moratoria en el pago del alquiler durante el estado de alarma, y por un plazo máximo de 4 meses, donde se fraccionaran las cuotas no satisfechas durante al menos 3 años. Este plazo se iniciará superada la situación de vulnerabilidad o en un máximo de 4 meses. Dichas sumas no devengarán intereses de demora.

En caso de que el inquilino tenga acceso a ayudas de financiación, dicha moratoria se levantará al cobrar la 1ª mensualidad.

Medidas en caso que el arrendador no sea un gran tenedor empresa privada o ente público de vivienda

El inquilino de una vivienda habitual suscrita que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica pero cuyo arrendador no sea un gran tenedor, empresa privada o ente público de vivienda, podrá solicitar en el plazo de un mes a contar desde el 1 de abril, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

El arrendador deberá comunicar en el plazo máximo de 7 días las condiciones de aplazamiento o fraccionamiento que se tomarán. Si no existiese acuerdo, el arrendatario tendrá acceso al programa de ayudas dispuesto en el Real Decreto.

 ¿Y si no cumplo los requisitos pero me aplico las anteriores medidas?

Tendrás que responder de los daños y perjuicio causados, siendo el importe mínimo las cuantías beneficiadas, sin perjuicio de otras medidas que puedan tomarse (sanciones, etc.).

Escrito por Acompany

El equipo de asesores y abogados de Acompany redacta estos artículos :-)